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El modelo español de cuidados de larga duración ante el desafío de la desigualdad

En España, al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, los cambios socioeconómicos y demográficos han implicado importantes retos para el sistema de cuidados, entre ellos proveer de cuidados suficientes a los sectores de población con menos recursos económicos, si bien esta cuestión ha ocupado un lugar secundario en el análisis de los modelos de cuidados de larga duración.

En este contexto, investigadores/as de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han analizado a la desigualdad de oportunidades que experimentan las personas mayores en situación de dependencia cuando tratan de acceder a cuidados formales e informales en sus domicilios en función de su nivel de ingresos. Esta misma perspectiva se aplica a otros países de su entorno para comparar con el escenario internacional la capacidad del modelo español de cuidados para apoyar a los sectores de población con menos recursos.

Los resultados de esta investigación, titulada “El modelo español de cuidados de larga duración ante el desafío de la desigualdad”, fueron publicados en Sección Temática dentro del Núm. 32 (2021): Investigación social sobre políticas del cuidado y la dependencia en Europa e Iberoamérica de la Revista Prisma Social.

Resumen

No cabe duda de que en las últimas décadas ha aumentado notablemente el interés por avanzar en la atención de las necesidades de cuidado de la población. El aumento de la esperanza de vida es uno de los principales motivos, pero no el único. La progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, y los cambios que esto ha ocasionado en los modelos de organización familiar, han supuesto una importante reducción en la capacidad de cuidado de los hogares. También las expectativas vitales han variado, y cada vez más población mayor desea residir el mayor tiempo posible y de manera autónoma en su propio hogar. El incremento de las necesidades de cuidado se ha conjugado entonces con una mayor demanda ciudadana de servicios de atención domiciliaria, todo lo cual supone un reto importante para los Estados de bienestar, que deben conciliar este nuevo escenario con su sostenibilidad.

Claro que las oportunidades para afrontar la vejez con autonomía se distribuyen de manera desigual entre la población. Las situaciones de desventaja experimentadas a lo largo de vida impactan negativamente en el estado de salud durante las últimas etapas de la vida y, en consecuencia, las necesidades de cuidados tienden a ser más altas entre la población menos favorecida. En algunos países, entre los que se encuentra el nuestro, este fenómeno se manifiesta con mayor rotundidad. Según datos de la última encuesta SHARE, en España casi un tercio de la población mayor de 65 años experimenta dificultades para realizar al menos una actividad básica de la vida diaria (vestirse, asearse, caminar, etc.). Pero mientras que un 19,2 % de la población mayor con ingresos más altos manifiesta alguna de estas dificultades, esto mismo ocurre en un 47,5 % de los casos entre quienes se ubican en la escala más baja de ingresos, y en un 35 % en el caso de los hogares de ingresos medios-bajos.

Después de 15 años, por diversos factores, los niveles de cobertura alcanzados se mantienen muy bajos, especialmente cuando se trata de atención domiciliaria.

Así entonces, un segundo reto al que se enfrentan los Estados de bienestar —con mayor claridad en países como el nuestro— es que los sistemas de cuidados de larga duración sean equitativos. En otras palabras, lograr que ante situaciones de necesidad similares las personas sean atendidas con la misma intensidad, independientemente de su situación socioeconómica.

El diseño de las respuestas institucionales desempeña un papel importante en este punto. En nuestro país, el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) a partir de 2006 supuso un hito para la atención de los cuidados de larga duración. Sin embargo, después de 15 años, por diversos factores, los niveles de cobertura alcanzados se mantienen muy bajos, especialmente cuando se trata de atención domiciliaria. Según los datos de antedicha encuesta, apenas un 40,8% de la población mayor de 65 años con necesidades de cuidado altas o muy altas recibe apoyos a domicilio, cerca de 20 puntos porcentuales por debajo de otros países de nuestro entorno. A ello hay que añadir el modelo de atención a la dependencia en el país ha resultado muy dualizado. Los recursos y servicios promulgados en la ley están destinados a personas dependientes, pero los criterios de acceso y copago parecen ser más accesibles para las personas con bajos ingresos mientras que, para el resto de la población, es necesario recurrir a fórmulas de atención que incluyen recursos privados o mercantiles.

La capacidad económica de los hogares en España sigue determinando notablemente la capacidad de recibir apoyos suficientes

En consecuencia, todo apunta a que son los hogares más favorecidos quienes acceden en mayor proporción a la atención domiciliaria (43,8%), principalmente porque tienen más facilidad para adquirir estos servicios en el mercado privado. Los ubicados en la categoría más baja de ingresos acceden en similar proporción (43,7%), fundamentalmente a través de los recursos públicos, aunque reciben de media cerca de 20 horas semanales menos de atención que los primeros por la baja intensidad de estos. Son en cambio los hogares con niveles de ingresos medio-bajos los que menos atención domiciliaria reciben (36,4%), y en menor intensidad, ya que en muchos casos no acceden a los recursos públicos por tener ingresos por encima de los umbrales de acceso, y por su escasa capacidad económica para contratar cuidados privados complementarios.

Así pues, la capacidad económica de los hogares en nuestro país sigue determinando notablemente la capacidad de recibir apoyos suficientes. Parece entonces urgente buscar vías para alcanzar una mayor progresividad en la atención y, en ello, mejorar los niveles de cobertura del conjunto de la población dependiente. Recientemente se ha abierto un nuevo escenario con la aprobación de una importante inyección financiera para el sistema de atención a la dependencia, lo que puede suponer un primer paso para retomar el carácter universal que la Ley de dependencia ambicionaba en sus inicios. Claro que, dada la altura de los retos aquí señalados, también parece oportuno que en el futuro se intensifiquen las acciones de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. Esto pasa, con toda probabilidad, por incorporar a más agentes sociales en estas tareas y, en particular, a los actores comunitarios, quienes podrían ocupar un papel estratégico en ello.


Autores/as

Víctor Sánchez Salmerón

Miembro del equipo de investigación ALTER del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la desigualdad y exclusión social, y en el análisis de las políticas de inclusión. Ha participado asimismo en estudios comparativos a nivel nacional en estos ámbitos.

Twitter: @vssalmeron
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7420-838X

Begoña Pérez Eransus

Profesora Titular de Política Social del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la exclusión social y el análisis de las políticas sociales públicas, participando en diversas investigaciones de ámbito nacional y europeo y coordinando diversos estudios comparados a nivel internacional, nacional y autonómico. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas en este ámbito de conocimiento.

Twitter: @Bperezeransus
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2062-5054

Lucía Martínez Virto

Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y miembro del equipo de investigación ALTER. Sus líneas de investigación se centran en las desigualdades sociales, políticas de cuidado y los Servicios Sociales. Cuenta con importante experiencia investigadora en estas áreas a nivel europeo, estatal y autonómico y con más de 40 publicaciones científicas en este campo de conocimiento.

Twitter: @luciamvirto
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3348-6564

Acceso al artículo completo

La Revista Prisma Social es uno de los canales de difusión de la Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada.

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